DECLARACIÓN “LA SALUD ES UN DERECHO HUMANO”
(Ver firmas al final del documento)
Por el derecho a la salud de nuestros pueblos, en serio riesgo como consecuencia de las fumigaciones, los organismos de DD.HH. y personalidades abajo firmantes expresamos:
*Nuestro apoyo y solidaridad a las Madres de Ituzaingo, en su lucha por hacer justicia en un Barrio de Córdoba donde la enfermedad y la muerte vinieron de la mano del modelo agroindustrial.
*Exigimos que en el juicio a llevarse a cabo próximamente en la provincia de Córdoba –el primero en el país en el que serán juzgados dos productores y un empresario aéro-aplicador por derramar veneno sobre las personas (fumigar), se priorice el derecho humano a la salud que tiene la población, por sobre los intereses de los agronegocios.
¡Por un modelo productivo que garantice la soberanía alimentaria y la salud de nuestros pueblos!
Nunca antes en la historia de la humanidad la producción de alimentos estuvo tan concentrada bajo el control de una misma matriz de producción. Nunca antes en la historia de la humanidad tan pocas empresas oligopolizaron el mercado, actuando a nivel internacional, ni tuvieron tanto control sobre la producción y el comercio de productos alimenticios como ahora.
Se estima que menos de 50 grandes empresas transnacionales tienen el control mayoritario de la producción de semillas, de insumos agrícolas y de la producción y distribución de alimentos en todo el mundo.
En nuestro país, son siete las empresas del agronegocio que acaparan todo el mercado: Cargill, ADM, Bunge, Monsanto, Syngenta, El Tejar y GROBO.[1]
Arrasando territorios
Nuestro país esta inmerso en un modelo de agricultura intensiva, industrial, basada en la utilización de químicos que produce la concentración de capitales y propiedades, la destrucción de modos y medios de vida de comunidades campesinas y pueblos originarios, la desaparición de la agricultura familiar y de pequeños y medianos productores.
Las migraciones internas, el incremento de refugiados ambientales concentrados en los cordones urbanos de pobreza, como también la destrucción de ecosistemas y toda la flora y fauna asociada al mismo, son saldos negativos y ocultos para la mayoría de la población.
En las arroceras de Corrientes, en los montes quemados de las sierras de Córdoba, en el desplazamiento violento de poblaciones rurales en Santiago del Estero y Formosa, en las inundaciones de Salta, en los niños con malformaciones en Chaco y Misiones, en los desiertos verdes en que se han convertido los mejores campos de Buenos Aires y Santa Fe, se observa la huella de un modelo de agronegocios que sólo deja enfermos, muertos y tierra arrasada.
Los más de 350 millones de litros de agrotóxicos anuales que se utilizan, solamente en la campaña de la soja además de ser aspirados, absorbidos o consumidos en los alimentos, contaminan el medioambiente en el que vivimos.
Independientemente de la aventura que significa someter la política agropecuaria de un país a los vaivenes del casino financiero internacional que ha tomado a las materias primas como objeto de su especulación, el reciente Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) propone, entre otras cosas, el aumento de la superficie cosechada en un 20% cuando la mayoría de las provincias se encuentran al límite de uso de sus tierras productivas.
La presentación celebrada y aplaudida de 160 millones de toneladas de granos para el 2020 anuncia la continuidad y profundización del agronegocio, dependiente de agrotóxicos, commodities y transgénicos.
Un modelo extractivo que desmonta, desaloja, enferma y mata.
El uso masivo de agrotóxicos está directamente relacionado con la actual política agrícola del país, que fue adoptada a partir de la década de 1960, con la llamada Revolución Verde, lo que representó un cambio en la tecnología química y el método de producción agrícola. El campo experimentó una "modernización" que impulsó el aumento de la producción, pero absolutamente dependiente del uso de paquetes de productos tecnológicos (semillas híbridas y transgénicas, agrotóxicos, maquinaria pesada) que nos venden las multinacionales del agronegocio.
Este proceso de modernización de la agricultura iniciado en la década de los sesenta se continúa hoy en día con la expansión de los cultivos genéticamente modificados (GM) en todo el país, lo cual ha significado el aumento extraordinario del uso de agrotóxicos.
Argentina ha incrementado su producción de exportación y expandido los cultivos GM sobre la aplicación creciente de herbicidas, fertilizantes sintéticos, fungicidas y curasemillas en general.
Solamente para aplicar con el nuevo paquete tecnológico se usaron este último año 200.000.000 de litros de glifosato bajo diferentes formulaciones y concentraciones por medio de las pocas empresas que monopolizan el mercado.
Las consecuencias a largo plazo de la exposición a plaguicidas sobre el organismo humano se manifiestan sobre el desarrollo y la funcionalidad de diferentes órganos y sistemas; y abarca desde alteraciones neurológicas, reproductivas, endocrinas e inmunológicas, fracasos funcionales y alteraciones del comportamiento, a la aparición de tumores.[2]
“Los plaguicidas son tóxicos, son venenos y nos están enfermando, las enfermedades que vemos y tenemos no son casuales, son generadas, principalmente, por la fumigación con estos agrotóxicos.
En razón del grave problema que hemos aquí presentado, y en función de la aplicación del principio precautorio[3], creemos que se deben tomar medidas para garantizar el derecho a la salud y a un ambiente sano para las poblaciones de los pueblos fumigados, nuestros pacientes.
Es urgente avanzar en restricciones públicas al uso de los plaguicidas ya que durante al menos 6 meses al año y tres veces por mes se envenena masivamente a las poblaciones de los Pueblos Fumigados de la Argentina” (Informe del 1er. Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados)
Este modelo de producción agroindustrial, basado en el uso intensivo de transgénicos y agroquímicos es insostenible e inviable, avasalla derechos inalienables de nuestros pueblos, nos enferma y mata.
Es imprescindible que desde el estado se fomente y garantice un sistema de producción que promueva la salud de la población, la defensa de sus bienes culturales y biológicos, y que garantice la permanencia de las comunidades y pueblos en sus territorios, con alimentos y un ambiente sanos, para todos.
Marzo 2012
FIRMAS
Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD
Asociación Anahí
Asociación de Profesionales en Lucha - APEL
Asociación de DDHH de Cañada de Gómez
Centro de Abogados por los Derechos Humanos - CADHU
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP
Comité de Acción Jurídica - CAJ
Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos - CODESEDH
Comisión por los DDHH (Trenque Lauquen)
Instituto de Relaciones Ecuménicas - IRE
Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos - MEDH
Unión por los Derechos Humanos La Plata
Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad
Secretaría de DDHH del Centro de Estudiantes de la Facultad de Trabajo Social UNLP
Asociación Gremial Docente AGD-UBA
Su Tribuna, diario de opinión Cañada de Gómez
Acción por la Biodiversidad
Tierra para Vivir
Corriente de Organizaciones de Base - COB-La Brecha (Frente por la Resistencia – Agrupación Universitaria La Cárcava – Cooperativa de Trabajo Cae Babylon – Sin Cautivas Feministas por la Resistencia (Neuquen) – Colectivo de Abogados Populares La Ciega (La Plata) – El Galpón de Tolosa (La Plata)- Movimiento Cultural Hagamos Lo Imposible (Bs. As.)- CAUCE – UNLP (Corriente de Agrupaciones Universitarias Contra la Explotación) CAUCE – UBA (Corriente Antiburocrática Universitaria Contra la Explotación) – EPE (Lanus) - Frente de Organizaciones en Lucha – FOL (Bs. As., Capital Federal, Jujuy) – Organización Popular y Rebelde Villa Hidalgo (Bs. As.)
Individuales
Julia Vitar. Abogada querellante en juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Tucumán, Argentina
Eleonora Pealof – MNCI, Argentina
Fernanda Vallejo – Fundación Heifer, Ecuador
Marcos Niborsky – MNCI, Argentina
Guillermo Durán – FANA, Argentina
Walter Quiroga – MNCI, Argentina
Andrea Tortorolo – Ecos de Saladillo, Argentina
Gabriel Arisnabarreta – Ecos de Saladillo, Argentina
María Luján Lipera – FAUBA, Argentina
Marianela Giffi – FAUBA, Argentina
Pablo Bonazzola – CTA, Argentina
Marysol Aguirre – MNCI, Argentina
José Luis Vera – Argentina
María Eugenia Jeria – Acción por la Biodiversidad, Argentina
Maristella Svampa - Investigadora del CONICET, Profesora de la UNLP, Argentina
Ana María Parnás Pérez, Argentina
Myriam Genisans - Pro Eco grupo ecologista - RENACE, Argentina
Gonzalo Moyano - Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos. Facultad de Medicina. UBA, Argentina
Amelia Barreiro - Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
Aurora Tumanischwili - FeTERA FLORES (Federación de trabajadores de la energía de la República Argentina en CTA), Argentina
Guillermo López - FeTERA FLORES (Federación de trabajadores de la energía de la República Argentina en CTA), Argentina
María del Carmen Sánchez - Cátedra de Sociología de la Salud - Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Argentina
Carlos Alfonso Hernandez Alvarez – CIET, Nicaragua
Liliam Marissa Díaz Quiroga, Argentina
Ana María Rita merlo - Mesa amplia por el cierre definitivo del Incinerador Marcos Martini S.A., Argentina
Fiorella Cademartori - Becaria Doctoral CONICET, Argentina
Camila Montecinos – GRAIN, Chile
Laura Jeria, Chile
Sebastián Crespo - Agrupación Ni Sanos Ni Salvos. Hosp. P. Piñero. Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Leandro Andrini, Argentina
Oscar Daunes - J. Interna ATE Min. de Trabajo de la Nación, Argentina
Clara Sosa - Biblioteca popular B. Rivadavia, Argentina
Alejandro Andreassi - Universitat Autònoam de Barcelona, España
Mario Hernandez - Miembro Com. Directiva coordinadora de medios de la CABA (COMECI), Argentina
Camilo Cintolesi, Chile
Bárbara Saulesleja, Argentina
Ricardo Alberto Sánchez – CTA Paraná, Entre Ríos, Argentina
Ana Lucía Bravo, Ecuador
María Eugenia Villalonga, Argentina
Hugo Villa Becerra, Perú
Elida Beatriz Hermida - Foro por la Salud y el Ambiente de Vicente López, Argentina
María Isabel Shultz Morales - Centro social y cultural El Sindicato, Chile
Andrea Zilberay, Argentina
Diana Gallardo, Argentina
Mariana de Pinto, Argentina
Tamara Casco, Argentina
Rodrigo Torres, Argentina
Álvaro Quiceno Martínez - Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Colombia
Notas:
[1] Transporte de granos: Cargill, ADM y Bunge / Semillas OGM: Monsanto, Syngenta / Siembra: El Tejar, GROBO.
[2] Los plaguicidas son sustancias químicas destinadas a prevenir, destruir o controlar las plagas. Se ha afirmado que ningún otro grupo de productos conocidos por su toxicidad son utilizados tan ampliamente. La Organización Mundial de la Salud estima que cada año se producen en el mundo alrededor de un millón de intoxicaciones agudas por exposición a plaguicidas, con una letalidad entre el 0,4 y el 1,9%. La exposición laboral se encontraría detrás del 70% de estos casos mortales. Por otra parte, la exposición mantenida a bajas dosis de plaguicidas se ha relacionado con una variedad de trastornos a medio y largo plazo, incluyendo diferentes tipos de cáncer, alteraciones de la reproducción y alteraciones del sistema nervioso, entre otros problemas. García AM, Ramírez A, Lacasaña M. Pesticide application practices in agricultural workers. Gac Sanit. 2002;16(3):236-40. Más información: Malformaciones congénitas asociadas a agrotóxicos.
[3] El principio de precaución es un concepto que respalda la adopción de medidas protectoras cuando no existe certeza científica de las consecuencias para el medio ambiente de una acción determinada. (Nota del redactor)
